«No se puede dejar en la calle a personas que irían a trabajar totalmente gratis al Centro Especial de Empleo». El presidente del comité de empresa de Apta, Miguel Cano, defendió ayer la labor social que está detrás del funcionamiento de las factorías de Roces y la Ería del Piles desde sus inicios. En su opinión, cualquier ajuste laboral que se pretenda poner en marcha no debe perder de vista nunca ese aspecto. Esto es, que las instalaciones productivas de la empresa sirven para dar ocupación a personas con discapacidad intelectual, física y sensorial. De hecho, el 77% de la plantilla actual -350 trabajadores- presenta algún tipo de discapacidad y trabaja en las divisiones de cableado eléctrico, prendas de seguridad laboral y servicios industriales.
Sobre esa premisa, Cano aseguró que los sindicatos esperarán a que los accionistas del centro de empleo gijonés -Fundación ONCE (40%) y Asociación de Padres de Exalumnos del Sanatorio Marítimo (60%)- se reúna el próximo lunes y decidan sobre el plan de viabilidad que plantea el despido de entre 100 y 150 trabajadores para evitar la liquidación de la empresa.
En función de la magnitud de los recortes laborales planteados, que podrían incluir también el cierre de la sede de Roces y la reagrupación de la plantilla en el Piles, el presidente del comité de empresa aseguró que se actuará en consecuencia. A día de hoy, según explicó, no se descarta la movilización sindical, un hecho inédito en la historia de Apta, si el plan pare reflotar la empresa se aparta de los objetivos sociales para los que se creó el centro de empleo. «Estamos hablando de personas que no entienden de euros, de trabajadores para los que Apta es todo su mundo y su vida, porque allí tienen a sus amigos, a su pareja y su familia», remarcó Cano.
La Fundación ONCE (Fundosa) entró en 1998 en el accionariado de Apta y a partir de 2010, cuando la empresa se vio acuciada por la pérdida de clientes y la bajada de pedidos por la crisis, empezó a aportar dinero de forma directa y avalar a la empresa para diferentes líneas de crédito. En marzo de este año, la Fundación ONCE pasó a controlar directamente la gestión, la productividad y el absentismo en las dos factorías del Piles y Roces. Una condición que puso para seguir invirtiendo en el centro especial de empleo gijonés. Desde que tomó las riendas de Apta, la fundación se comprometió a garantizar que los trabajadores cobrasen en tiempo y forma sus nóminas. Hasta el momento Fundosa lleva inyectados 3,6 millones de euros para pagar los salarios de los trabajadores. El director general de centro de empleo gijonés, el matemático Eduardo Bañares, prevé que serán necesarios otros 4,4 millones de euros de ayudas directas para mantener la actividad durante 2012.
La Fundación ONCE encargó recientemente un informe de auditoría externa a la consultora Ernst & Young, que defendía la liquidación inmediata de Apta «por su falta de rentabilidad económica».
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