Gregorio C. A. llegó ayer a la Audiencia Provincial arropado por su mujer. Se sentaba en el banquillo por haber dejado embarazada a su cuñada, que en el momento de los hechos, en 2009, tenía quince años. Su esposa testificó a su favor. Él reconoció ante el juez haber mantenido relaciones íntimas con la menor, pero reiteró que habían sido consentidas. «No forcé a mi cuñada, fueron relaciones consentidas», dijo. Se enfrenta a una pena de 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual.
Escuchados los testimonios de la víctima, del procesado y de varios familiares, la representante del ministerio fiscal modificó la pena solicitada inicialmente para el ciudadano, de origen paraguayo. Considera que fueron dos veces y no una las que ambos mantuvieron «relaciones sexuales completas y sin protección, sin consentimiento de la joven y bajo amenazas». El cambio se produjo tras especificar la supuesta víctima que al «estar bebida» cuando mantuvo sexo con su cuñado, pensaba que era «como si lo hubiera consentido». La acusación pública incrementó la responsabilidad civil de los 6.000 a los 12.000 euros. Aprecia un subtipo agravado de superioridad del hombre.
La joven puso fin a su embarazo y desde entonces permanece bajo tutela del Gobierno del Principado. El imputado aseguró que en un principio mantuvo una relación de amistad con la chica, quien se acercó a él «porque se sentía sola en España». Esa amistad se convertiría después en una «relación sentimental», que se prolongó desde agosto de 2008 hasta el mes de diciembre de ese mismo año. Según Gregorio C. A., la relación «la conocían muchas más personas, incluso la madre de la menor», pero no así su pareja y hermana de la joven, con la que convivía.
La acusación particular, ejercida por la abogada Irene Arce, solicita una pena 30 años de cárcel por dos agresiones sexuales consumadas bajo amenazas. El abogado de la defensa, Rubén González Sierra, mantiene la petición de libre absolución de su cliente, al afirmar que las relaciones fueron consentidas.
Durante la vista oral declararon el acusado y la víctima, así como los psicólogos y varios familiares. Tanto la esposa del imputado como su tía lo apoyaron al sostener que «es inocente y que las relaciones fueron consentidas». De hecho, ambas intentaron impedir que fuera fotografiado y grabado por los medios de comunicación a la salida del Palacio de Justicia pese a que antes del juicio habló durante veinte minutos en directo para una televisión nacional.
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